Familiares de los detenidos por la causa de los supuestos explosivos en Plaza Venezuela, denunciaron la noche de este martes 10 de marzo, una situación de angustia e incertidumbre frente al centro de reclusión conocido como Zona 7 de Boleíta, en Caracas, donde permanecen recluidas varias personas señaladas en ese expediente judicial.
Por: lapatilla.com
Desde las afueras de la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), los allegados de nueve detenidos hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional para que observe su caso y exija garantías judiciales.
“Buenas noches, somos parte de los familiares de los nueve de la causa de los explosivos en Plaza Venezuela. Pedimos ayuda internacional para que nuestro caso tenga respuesta, ya que tenemos miedo a posibles traslados a Yare”, expresaron durante la denuncia pública.
Los familiares advirtieron que temen que los detenidos sean enviados a cárceles del estado Miranda, como el penal de Yare, lo que —según señalaron— agravaría su situación y dificultaría el acompañamiento de sus allegados.
De acuerdo con el testimonio difundido desde el lugar, en el grupo de los nueve detenidos hay una mujer, quien además estaría a la espera de un traslado hacia la cárcel conocida como La Crisálida.
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Los parientes insistieron en que su exigencia no es un cambio de lugar de reclusión, sino la libertad plena de los detenidos.
“No queremos traslado, queremos liberación para nuestros familiares. Pedimos a las autoridades competentes que se conduelan de nuestro caso, por favor”, agregaron.
El caso de los supuestos explosivos en Plaza Venezuela fue presentado por el régimen chavista en 2025, como un presunto plan terrorista, tras la detención de varias personas vinculadas al expediente. Sin embargo, familiares y organizaciones de derechos humanos sostienen que las acusaciones carecen de pruebas y denuncian que se trata de detenciones arbitrarias con motivación política.
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En los últimos días se han producido excarcelaciones de otros detenidos en el mismo centro policial, pero un grupo de personas continúa privado de libertad, entre ellos los señalados por el caso de Plaza Venezuela.
Desde enero de 2026, familiares de presos políticos mantienen un campamento permanente frente a la Zona 7 de Boleíta para exigir la liberación de sus allegados. La vigilia se ha mantenido pese a las condiciones precarias y al temor de desalojos por parte de las autoridades.
Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre la situación en ese centro de detención preventiva, donde aún permanecen varios presos políticos a la espera de decisiones judiciales en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía, vigente desde el 20 de febrero.
Los familiares reiteraron que continuarán denunciando públicamente el caso y solicitando apoyo internacional hasta lograr la liberación de los nueve detenidos.
Video, cortesía: X/@Gbastidas