Más de 40 ONG exigimos un pago que no condene a la población a la miseria. Con anuncios de crecimiento económico en 2026, no hay justificación para un salario inferior a medio dólar mensual.
Por provea.org
Desde 2019, la OIT documentó en su Comisión de Encuesta el desmantelamiento de la institucionalidad laboral venezolana. El gobierno ignoró sus recomendaciones: sustituyó el salario por bonificaciones, anuló contratos colectivos mediante el Memorándum N° 2792 y el Instructivo ONAPRE, y encarceló a dirigentes sindicales por defender derechos básicos.
Entre enero de 2022 y marzo de 2026 se registraron más de 10.000 protestas por derechos laborales, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. La respuesta oficial ha sido la inacción.
Exigimos fijación inmediata de un salario mínimo conforme a la Constitución y al Convenio N° 26 de la OIT; libertad plena para dirigentes sindicales detenidos; derogación del Memorándum 2792 y el Instructivo ONAPRE; y reinstitucionalización democrática de los poderes públicos.
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