La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, detenida en una cárcel de La Paz, enfrentará a partir de este lunes un juicio por la muerte de 10 manifestantes durante la crisis política de 2019 que precipitó la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
«La Fiscalía y la Procuraduría ya hemos aportado las pruebas suficientes para lograr la máxima condena a 30 años de la señora Áñez y otros involucrados por la muerte de manifestantes”, informó el procurador general, César Siles.
Otras 17 personas, entre ellos exministros de Áñez y exjefes militares, irán a juicio por la llamada “masacre de Senkata”.
“Hoy comienza el siguiente show… como ya nadie les cree nada ante la crisis económica, necesita (el gobierno) un chivo expiatorio, otra cortina de humo, sin importarle la Constitución”, comentó Áñez en su cuenta de X, antes Twitter. El proceso se desarrollará de forma virtual.
Detenida en una cárcel de mujeres de La Paz desde marzo de 2021, Áñez ya fue condenada a 10 años por haber asumido indebidamente la presidencia del país como senadora de la oposición tras la renuncia de Morales.
Luego de la condena, la exmandataria entabló una demanda contra el Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque se le negó un juicio de responsabilidades.
También el juicio por las muertes de manifestantes será un proceso en la justicia ordinaria. Las autoridades alegan que la política, de 57 años, no fue una presidenta constitucional. Áñez sostiene que asumió legalmente.
Tras 14 años en el poder, Morales renunció en noviembre de 2019 tras un estallido social que cobró la vida de 37 personas luego de unas elecciones denunciadas como fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en las que buscaba un cuarto mandato consecutivo.
El juicio de Áñez podría prologarse por meses y será en un tribunal de la vecina ciudad de El Alto, donde ocurrieron los hechos. Áñez también debe enfrentar otro proceso por la muerte de nueve manifestantes seguidores de Morales en la llamada “masacre de Sacaba”, en la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia, durante las protestas de 2019.
En ambos incidentes, los manifestantes murieron por heridas de bala. Durante las violentas protestas que duraron casi un mes perecieron seguidores y detractores de Morales.
Una comisión de expertos de la CIDH concluyó en agosto de 2021 que tanto el gobierno de Morales como el de Áñez fueron responsables “de las graves violaciones a los derechos humanos” durante la crisis política.
Morales, sin embargo, ha sido exonerado de cargos. El exmandatario, líder del dividido partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), ya inició la carrera para las elecciones presidenciales de 2025 en abierta disputa con su heredero político, el actual presidente Luis Arce.
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